Vicente Carbonell 
Abogado

LA NUEVA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES DE 20 DE FEBRERO DE 2019

   

El pasado 21 de febrero, se publicaba en el B.O.E. la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, con el objeto de protegerlos, definiéndose éstos como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

 

La protección de estos Secretos de empresa se dispensan – dice la Ley- frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley. Salvando de dicha protección a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

 

Y con este disperso concepto de Secreto Empresarial, la nueva legislación que con esta Ley se introduce en nuestro ordenamiento jurídico en un intento de adecuación a las directivas europeas (y en concreto a la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016), desarrolla seguidamente las formas de obtención ilícita, de las que se protege a los Secretos, para luego establecer cómo pueden ser objeto de transmisión y titularidad estos Secretos, al considera que se trata de derechos subjetivos y por lo tanto patrimoniales. Finalmente, la Ley establece las “correcciones” que puede pretender el titular del Secreto transgredido y normas de procedimiento judicial (complementarias de las existentes). En síntesis, quien se viera en tener que solicitar la protección de un Secreto Empresarial, podrá obtener judicialmente a) La declaración de la violación del secreto empresarial; b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial; c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines; d) La aprehensión de las mercancías infractoras; e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial; f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante; g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial. h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.

Se trata pues de una nueva legislación que trata de encauzar a través de un procedimiento civil, la apropiación indebida de secretos empresariales que hasta ahora solo encontraba una protección –real- a través de los artículos 278 y 279 del Código Penal.

Ibi, febrero de 2019. Vicente Carbonell. Abogado de Ibi.